El fracaso del 30% de VPO.
Ayer La Vanguardia publicaba un dato que debería hacer reflexionar a cualquiera que trabaja en el sector de la vivienda:
siete años después de aprobarse la medida del 30% de vivienda protegida en Barcelona, solo se han construido 31 viviendas.
La previsión inicial era generar 330 viviendas protegidas por año.
Eso significa que hoy la ciudad debería disponer de 2.310 viviendas, y únicamente se ha alcanzado el 1,3%. La distancia entre lo prometido y lo conseguido es tan grande que ya no puede atribuirse a “desajustes” o “retrasos”: es un fracaso de diseño de la normativa.
Y el motivo es simple: los números no salen.
Los promotores trabajan con márgenes del 20–30%, que no son especulativos, sino necesarios para asumir riesgos habituales del sector: retrasos en licencias, incrementos de costes, imprevistos técnicos, financiación, hallazgos arqueológicos…
Si obligas a destinar prácticamente todo este margen a vivienda social, directamente no hay rentabilidad.
Y cuando no hay rentabilidad, no hay promociones.
Eso es exactamente lo que ha ocurrido.
La consecuencia es clara: menos oferta → más presión sobre los precios.
Además, este 30% ha crecido en un contexto de inestabilidad normativa (índice de alquiler, cambios constantes, incertidumbre fiscal…) que ha generado aún más parálisis.
No estoy en contra de crear vivienda asequible —al contrario—, pero hay que hacerlo con porcentajes coherentes.
Con un 10–15%, acompañado de incentivos fiscales, muchos proyectos serían viables y la ciudad generaría mucha más oferta, tanto libre como protegida.
Si las políticas no funcionan, toca revisarlas.
Los datos publicados ayer por La Vanguardia no dejan margen de duda:
❌ El 30% no ha creado vivienda asequible, sino que ha frenado la construcción.
Y mientras se habla de endurecer impuestos para segundas y terceras residencias —una medida coherente si se quiere desincentivar la especulación—, nadie plantea lo que sería realmente útil para las familias: reducir el IVA o el ITP al 4% para la primera residencia, tal y como correspondería si realmente creyéramos que la vivienda es “un bien de primera necesidad”. No puede ser que algunos políticos lo repitan constantemente y, al mismo tiempo, mantengan una fiscalidad que trata la vivienda como un producto de lujo.
Como arquitecto, solo puedo decir que ya es hora de pasar de las buenas intenciones a las buenas soluciones.